Las carreteras griegas se convierten cada año en un verdadero calvario para los transportistas, y la tormenta perfecta que arrastra al sector del transporte de mercancías por carretera no da señales de tregua.
A la ya de por sí frágil viabilidad económica del sector, señalada por la Federación Helénica de Transporte por Carretera (OFAE) como «en un punto crítico» por la acumulación de decisiones y omisiones, se suma un torbellino de nuevas normativas que entran en vigor en este año.
El Parlamento heleno aprobó en marzo un ambicioso proyecto de modernización del transporte que abarca desde la electromovilidad hasta la digitalización de los procesos, aunque con un foco principal en el taxi y el transporte de pasajeros, dejando al transporte de carga en un inquietante segundo plano.-
El verdadero quebradero de cabeza para los camioneros, sin embargo, llega con la digitalización obligatoria de la documentación: desde el 1 de mayo de 2026, las empresas que transportan mercancías sin el albarán digital se enfrentan a multas de hasta 5.000 euros, un mazazo para un sector ya de por sí ahogado-.
A todo este cóctel regulatorio se suma el dolor de cabeza de las restricciones urbanas por emisiones, aunque con la particularidad de que Grecia aún no ha desplegado las agresivas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que asolan otras capitales europeas-.
La gran excepción es el céntrico «Daktylios» de Atenas, que impuso desde octubre de 2025 un sistema de circulación alterna por matrícula par o impar para todos los vehículos privados y camiones ligeros de menos de 2,2 toneladas que pretendan acceder al corazón de la capital.
La normativa, mientras, blinda a los vehículos más sostenibles: están exentos los eléctricos, los de gas natural, los híbridos y, ojo al dato, los modelos Euro 6 que emitan menos de 120g de CO2/km, un umbral que marca el camino hacia una flota de reparto cada vez más limpia y menos ruidosa. Por el momento, no existen ZBE activas en Tesalónica.
El capítulo del peaje, sin embargo, es donde la factura se vuelve verdaderamente cruenta. Desde el 1 de enero de 2026, las tarifas se han incrementado en un rango de entre 0,05 y 0,10 euros por trayecto en la mayoría de las autopistas, un ajuste justificado por las concesionarias por la inflación anual.
El sistema es un modelo de fragmentación: se basa en un pago por distancia recorrida en cabinas físicas con un sinfín de categorías de vehículos.
Para un camión de 2 o 3 ejes, la «entrada» a la autopista Attiki Odos, por ejemplo, cuesta ahora 6,30 euros, mientras que un vehículo pesado de 4 o más ejes paga un ojo de la cara: 10,10 euros por un simple trayecto.
Los transportistas europeos, que sufragaban con anterioridad estos costes, se enfrentan ahora a una sangría aún mayor en sus cuentas de resultados, multiplicada por los kilómetros recorridos.
Pero el problema no es solo el precio, sino la ineficiencia y el caos de un sistema de pago anticuado que se ha convertido en un auténtico cuello de botella. Aunque en teoría se puede pagar con tarjeta de crédito o efectivo en las estaciones de peaje, la realidad es muy distinta.
Grecia padece desde finales de 2025 graves problemas de caída y saturación de la red en los terminales punto de venta (POS) que aceptan pagos electrónicos, provocando lentitud extrema e incluso la imposibilidad de completar las transacciones-. La solución ideal, un sistema de telepeaje unificado, es una utopía: coexisten hasta seis sistemas diferentes (e-Way, O-Pass, Fast Pass, etc.) operados por distintas concesionarias, aunque los transpondedores son transferibles entre ellas.
Un verdadero disparate para las flotas internacionales, que ven cómo la falta de interoperabilidad plena ralentiza sus rutas.
El resultado de todo este cóctel de regulaciones fragmentadas, peajes al alza y caos burocrático es una situación insostenible que ha llevado a los transportistas y agricultores griegos a tomarse la justicia por su mano.
A finales de 2025 e inicio de este año , los cortes de carreteras se han multiplicado por todo el país: tractores bloquearon la autopista Jónica y el puerto de Patras, exigiendo soluciones a unos costes que consideran ya abusivos. Las fronteras se convirtieron en polvorines: los pasos de Evzones y Promachonas sufrieron cierres intermitentes, con tractores bloqueando el tránsito en ambos sentidos. El sector clama por medidas urgentes: incentivos para renovar flotas, un plan real contra el transporte ilegal que genera competencia desleal, y una reducción efectiva de los costes del combustible y los peajes.
Grecia necesita un plan de coherencia para el transporte de mercancías, o sus carreteras seguirán siendo el escenario perfecto para una tormenta perfecta.
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