El sector del transporte por carretera en España se enfrenta a una de sus mayores encrucijadas en 2025. Más allá de los conocidos impuestos, peajes y los crecientes costes de mantenimiento y seguros, una problemática silenciosa y variable drena sus recursos: la acusada disparidad en el precio de los combustibles entre provincias.
Esta fluctuación, que puede superar los 10 céntimos por litro entre comunidades limítrofes, convierte cada ruta en un complejo cálculo logístico y financiero, comprometiendo la ya ajustada rentabilidad de autónomos y empresas.
Voces autorizadas del sector han alzado la voz para denunciar esta situación. Desde la Confederación Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, se señala que esta variabilidad no responde únicamente a la evolución del barril de Brent, sino a diferencias en la competencia local, estrategias comerciales de las petroleras y los distintos tipos impositivos autonómicos.
Esta falta de homogeneidad, argumentan, distorsiona la competencia leal y castiga de manera desproporcionada a los transportistas que operan en regiones con precios sistemáticamente más altos.
Frente a este escenario, los profesionales de la carretera han desarrollado estrategias de supervivencia. La más extendida es la planificación meticulosa de los repostajes.
Aplicaciones y plataformas digitales se han vuelto herramientas indispensables para localizar las gasolineras con el precio más competitivo a lo largo de su ruta, incluso desviándose varios kilómetros para llenar el depósito en una provincia colindante donde el ahorro justifique el rodeo. Esta «caza del combustible barato» se ha integrado en la rutina diaria, aunque implica un coste adicional en tiempo y logística.
Otra alternativa que gana terreno es la apuesta por vehículos de energías alternativas, como el Gas Licuado del Petróleo (GLP) o el Gas Natural Licuado (GNL), cuyos precios son notablemente más estables y bajos que el diésel.
Sin embargo, esta transición no está exenta de obstáculos. La todavía escasa red de estaciones de repostaje para estos combustibles en algunas rutas, junto con la elevada inversión inicial requerida para renovar la flota, limita su adopción masiva, especialmente para los autónomos y las pymes.
Ante la persistencia del problema, las asociaciones del sector reclaman a las administraciones públicas una mayor transparencia en la formación de los precios y medidas que fomenten una competencia real. Se pide, asimismo, una armonización fiscal que evite que el lugar de residencia o la ruta habitual del transportista se convierta en una desventaja económica.
La sostenibilidad del sector, pilar fundamental de la economía española, depende en gran medida de la estabilidad y predictibilidad de sus costes operativos.
En definitiva, la disparidad del precio del combustible se ha erigido como uno de los lastres más significativos para la competitividad del transporte en España.
Mientras las soluciones estructurales a nivel nacional se demoran, los transportistas continúan librando su batalla particular contra los surtidores, demostrando una vez más que su resiliencia es el motor que, a pesar de todo, mantiene en movimiento la cadena de suministro.
El futuro del sector pasa por encontrar un equilibrio entre la adaptación inmediata y la implementación de políticas que garanticen unas condiciones de competencia equitativas en todo el territorio.