El Consejo de Ministros de España , a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente, ha dado luz verde a un nuevo Real Decreto-ley que refuerza la protección del sector del transporte de mercancías.
La decisión, adoptada en un contexto de volatilidad energética agravada por la guerra en Oriente Próximo, busca garantizar que la cadena logística del país no se resienta y que los transportistas puedan seguir operando sin asumir en solitario el sobrecoste del gasóleo. El Ejecutivo subraya que el sector es estratégico para la economía española, y que sin su correcto funcionamiento peligran el abastecimiento y la competitividad industrial.
La principal novedad del paquete, y sin duda la más trascendente para los transportistas, es la imposición a los cargadores de la obligación de revisar automáticamente el precio del transporte cada vez que el combustible varíe. Concretamente, cuando el incremento supere el umbral del 5%, la tarifa deberá actualizarse de forma automática. Esta medida, que ya se había esbozado en normativas anteriores, se consolida ahora con un mecanismo dinámico y permanente. El objetivo es claro: que el transportista deje de asumir el riesgo energético y que sea el cargador quien pague el coste real del servicio en cada momento, protegiendo así la viabilidad de miles de pequeñas y medianas empresas del sector.
Para que la medida anterior sea efectiva, el Gobierno ha apostado por la transparencia y la exigencia. A partir de ahora, el componente del combustible deberá figurar de forma expresa, detallada y desglosada en cada factura, de modo que no quede oculto en una tarifa plana. Y lo más relevante: se ha creado un régimen sancionador específico que castigará tanto los incumplimientos puntuales como los reiterados por parte de los cargadores. De esta forma, el transportista dispone de herramientas legales para reclamar y el cargador sabe que no actualizar las tarifas tendrá consecuencias. El mensaje del Ejecutivo es contundente: no se permite que el alza del gasóleo sea absorbida por quien conduce el camión.
Aunque el foco mediático se ha puesto en la carretera, el Real Decreto-ley también incluye medidas para el transporte ferroviario y marítimo de mercancías. En el primer caso, se han aprobado ayudas directas de 15.000 euros por locomotora diésel activa, con un presupuesto de 3,15 millones de euros, para compensar el sobrecoste del combustible y evitar que el tren pierda competitividad frente al camión. En cuanto al transporte marítimo, el Gobierno ha ampliado el presupuesto de las ayudas existentes en 7 millones de euros, destinados a garantizar la conectividad peninsular con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Así se protege el suministro en territorios extrapeninsulares, especialmente vulnerables a cualquier disrupción logística.
El decreto no solo refuerza las ayudas al gran transporte de mercancías, sino que también amplía su paraguas a otros colectivos que habían quedado en un segundo plano. Entre las novedades, destacan la inclusión de los eurotaxis y los taxis adaptados para personas con movilidad reducida, así como adaptaciones específicas para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Con este gesto, el Gobierno reconoce que la subida del combustible afecta a toda la cadena de movilidad y que proteger al transporte profesional implica también atender a aquellos que prestan servicios esenciales de proximidad. La aprobación, fruto del diálogo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, demuestra una voluntad de no dejar a nadie atrás.
El ministro Óscar Puente ha querido destacar que estas medidas no son una reacción improvisada, sino el resultado de «un proceso de diálogo y acuerdo» con el propio Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). El Ejecutivo refuerza así el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado el pasado 20 de marzo, y consolida un mecanismo de revisión de precios con vocación de permanencia. En un contexto internacional complejo, donde la guerra sigue disparando los costes energéticos, el Gobierno envía un mensaje claro a los transportistas: no están solos. La apuesta por un sistema de transporte eficiente, competitivo y sostenible pasa por proteger a quienes mueven el 96% de las mercancías en España.