El colectivo de conductores profesionales de vehículos pesados en España, conformado por más de 300.000 personas según datos del sector, sigue esperando una respuesta definitiva del Gobierno a su histórica reivindicación de poder jubilarse antes de la edad legal.
La base legal para ello ya existe, el Real Decreto 402/2025, que permite aplicar coeficientes reductores por penosidad–. Sin embargo, la tramitación administrativa se ha topado con un muro de silencio y dilaciones que ha exasperado a sindicatos y patronal, con plazos que la propia normativa establecía en un máximo de seis meses y que han sido ampliamente superados.
La petición, respaldada unánimemente por organizaciones como Fenadismer y CETM junto a los sindicatos UGT y CCOO, no es baladí. Los conductores argumentan que su trabajo no es uno cualquiera: jornadas de hasta 14 horas diarias, exposición a ruidos y vibraciones constantes, un altísimo riesgo de sufrir un accidente laboral y un desgaste físico acumulado que, según estudios médicos, acorta su esperanza de vida. «No es un capricho, es una cuestión de salud y supervivencia», es una frase que se repite en las movilizaciones del colectivo.
El mecanismo para la jubilación anticipada, conocido como «coeficientes reductores», es objetivo. Un coeficiente de 0,15, uno de los que se barajan para los conductores de vehículos pesados, implicaría que, por cada 10 años trabajados al volante, la edad de jubilación se reduciría 1 año y medio, permitiendo adelantar el retiro hasta los 52 años como límite mínimo. La gran ventaja para el trabajador es que este adelanto no conllevaría una merma en la cuantía de su pensión, ya que los coeficientes están diseñados precisamente para que se calcule como si hubiera trabajado hasta la edad ordinaria–. A cambio, se incrementarían las cotizaciones sociales para mantener la sostenibilidad del sistema.
La tensión ha ido in crescendo en los últimos meses. El principal temor del sector era que la falta de respuesta por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones derivase en una desestimación tácita de la solicitud por «silencio administrativo». Este miedo se disipó temporalmente tras las declaraciones de la ministra Elma Saiz en sede parlamentaria, quien confirmó que el procedimiento sigue su curso y que no se recurrirá a esa vía. Sin embargo, la lentitud burocrática es un hecho incontestable. «El Ministerio lleva más de medio año sin dar una respuesta clara y los conductores no pueden esperar más», denunció recientemente un portavoz de Fenadismer, que exige al Ejecutivo habilitar un canal de información fluido con los agentes sociales para conocer los plazos reales-.Expertos en derecho laboral consultados señalan que, aunque la ley es clara al establecer un plazo de seis meses para que la Administración se pronuncie, la complejidad técnica del informe que debe elaborar la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social es la principal causa del atasco. «Se trata de un trabajo minucioso que debe cuantificar con precisión el impacto económico de la medida y el grado de penosidad real de la profesión, no es un trámite que pueda resolverse a la ligera», explica Ángel L. Gómez Díaz, abogado especializado en Derecho de la Seguridad Social–. No obstante, el experto advierte que «el silencio administrativo genera una inseguridad jurídica que es tan dañina como una denegación expresa».
Mientras el Gobierno ultima los informes y Fenadismer redobla su presión, la pregunta que sobrevuela el sector del transporte es si este baile de plazos acabará traduciéndose en un alivio real para sus trabajadores. Por ahora, la única certeza es que la reivindicación, que parecía más cerca que nunca, sigue atrapada en la maraña burocrática, dejando a los conductores en un limbo legal mientras la carretera sigue cobrándose víctimas y desgastando a sus profesionales.