El Gobierno de España ha lanzado una iniciativa crucial para acelerar la descarbonización del sector del transporte con el Proyecto de Real Decreto de fomento de los combustibles renovables y low-carbón. En fecha reciente al 3 de julio de 2025, este borrador normativo fue sometido a un proceso de consulta pública por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). El propósito de esta consulta era recabar las opiniones y observaciones de todos los agentes sociales y económicos afectados, enriqueciendo así el texto y detectando posibles aspectos técnicos, jurídicos o económicos inadvertidos antes de su aprobación definitiva.
Ese proceso participativo, lejos de ser un mero trámite, ha sido una herramienta fundamental de gobernanza transparente y estuvo dirigido a un amplio espectro de actores clave: desde compañías petroleras y productores de biocombustibles e hidrógeno verde, hasta operadores logísticos, asociaciones de consumidores, entidades ambientales, administraciones autonómicas y municipales, y expertos académicos.
El objetivo último es asegurar que la norma final sea robusta, efectiva y consensuada, dotándola de una mayor legitimidad social y facilitando su aplicación efectiva.
En esencia, el contenido del documento responde a la necesidad urgente de descarbonizar el transporte, especialmente en modos donde la electrificación directa es más compleja, como la aviación, el transporte marítimo o el de mercancías pesadas. El proyecto se enmarca en el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y traslada al ordenamiento jurídico español los ambiciosos objetivos establecidos en la directiva europea RED III.
La razón de ser y el núcleo de este Real Decreto es establecer un objetivo mínimo y obligatorio de cuota de energía procedente de combustibles renovables y de bajas emisiones. La ambición es clara: partiendo de un 0,1% en 2025, la cuota escalará de forma progresiva hasta alcanzar un significativo 9,5% en 2035. Este calendario ascendente busca dar certeza y estabilidad al mercado para que desarrolle la capacidad productiva necesaria.
El texto define con precisión qué se considera un combustible elegible, como el hidrógeno verde y los e-combustibles derivados (e-queroseno, e-diesel), así como los combustibles de bajas emisiones, que deben demostrar una intensidad de emisiones al menos un 70% inferior a los fósiles. Además, establece rigurosos criterios de sostenibilidad para garantizar que su producción contribuya genuinamente a los objetivos climáticos.
La obligatoriedad de su cumplimiento recaerá directamente sobre los suministradores de combustibles (fabricantes e importadores). Ellos serán los responsables de garantizar que el porcentaje de energía limpia en sus ventas anuales alcance la cuota fijada para cada año, debiendo acreditarlo mediante un sistema de garantías de origen verificadas. Un registro administrativo dependiente del Miteco supervisará el mercado y verificará el cumplimiento.
Una vez superada la fase de consulta y sometido a los órganos de gobierno para su aprobación definitiva, este real decreto se convertirá en un marco regulatorio sólido y detallado. Su implementación obligatoria sentará las bases para impulsar la inversión, reducir la dependencia de los fósiles y cumplir con los compromisos climáticos de España, marcando un hito en la transición ecológica de un sector clave para la economía.