El Consejo de Ministros acaba de aprobar un paquete de medidas que busca cambiar la forma en que nos movemos y, sobre todo, cómo alimentamos nuestros vehículos.

No se trata de una simple ocurrencia, sino de un marco legal que llega para quedarse hasta el año 2040, con la ambición de que el transporte deje de ser uno de los grandes contaminantes.

La idea es sencilla pero ambiciosa: reducir las emisiones de gases que calientan el planeta, pero sin poner el peso solo en el ciudadano de a pie, sino en quienes nos venden el combustible.

El Gobierno ha entendido que no basta con cambiar el coche, hay que cambiar la gasolina, el gasóleo y hasta el queroseno de los aviones, y para eso necesita dar señales claras a las empresas para que inviertan en alternativas más verdes.

Lo más llamativo de este acuerdo es que marca objetivos anuales de reducción de emisiones para cada tipo de transporte, pero sin marear con cifras complicadas.

A grandes rasgos, para los coches y camiones se exige que, para 2040, la gasolina y el diésel que echen al tanque hayan reducido su huella de carbono en un 30% respecto a lo que emiten hoy. Y no es solo un porcentaje: también se obliga a que, en ese mismo año, casi una cuarta parte del combustible que usemos en carretera sea de origen avanzado, como biocarburantes hechos de residuos, biogás o hidrógeno renovable.

Algo parecido ocurre con los barcos de cabotaje (los que navegan entre puertos españoles) y con el tren que aún no va electrificado, que tendrán que bajar sus emisiones un 33% y un 50% respectivamente en ese horizonte.

En aviación, aunque se remiten a las normas europeas, también se espera que usen un 34% de combustibles sostenibles en 2040. En definitiva, se trata de que cada vez que llenemos el depósito, ese combustible sea menos dañino.

Pero, ¿y si optamos por un coche eléctrico? Ahí el Gobierno ha pensado en un incentivo ingenioso: los llamados e-credits. Básicamente, es un sistema que permite contabilizar la electricidad renovable que consumen los vehículos enchufados, y esos créditos pueden ser vendidos a las petroleras o distribuidoras para que ellas cumplan con sus obligaciones de descarbonización.

Así, quien ponga puntos de recarga o genere hidrógeno verde podrá obtener ingresos extra, lo que fomenta que se instalen más cargadores y se produzca más energía limpia. Es una forma de que el coche eléctrico no solo sea bueno para el medioambiente, sino que también genere un pequeño negocio que acelere su despliegue.

Este mecanismo, además, evita que la responsabilidad recaiga únicamente en el bolsillo del conductor, sino que reparte el esfuerzo entre toda la cadena: desde el que produce la energía hasta el que la vende.

Un detalle importante es que la ley no le dice al ciudadano qué coche comprar ni le pone multas por usar su vehículo viejo. Los obligados a cumplir son los grandes proveedores de combustible: las compañías que venden gasolina, gasóleo, GLP o cualquier otro carburante. Ellos tendrán que mezclar cada año más productos renovables en sus surtidores, y si no lo hacen, se enfrentarán a sanciones muy graves, según la Ley de Hidrocarburos. Pero también hay flexibilidad: si una empresa produce hidrógeno renovable y lo usa en una fábrica, puede contabilizar parte de ese ahorro para el transporte por carretera, lo que da cierto margen para que el sector se adapte sin traumatismos. Además, se crea un sistema de verificación que rastrea el origen de cada combustible renovable, desde la materia prima hasta que llega al depósito, para evitar que nos vendan «verde» lo que no lo es. Incluso se premiará cada año a los que más energía renovable hayan certificado, con un sello de «líder en transición energética».

En el fondo, este acuerdo es un paso necesario y valiente, aunque no exento de desafíos. El transporte es uno de los sectores que más cuesta descarbonizar, y esta norma complementa otras iniciativas como el impulso al tren o al autobús público. Pero no nos engañemos: el éxito dependerá de que las inversiones lleguen, de que los precios de estos combustibles limpios bajen y de que la red de recarga eléctrica sea realmente accesible. Para una persona sencilla, lo importante es que este plan no le exige un cambio radical de hoy para mañana, pero sí le asegura que, a medida que pasen los años, la gasolina que eche en su coche será menos contaminante, y si algún día se anima con un eléctrico, habrá más puntos donde cargarlo y un sistema que premia esa opción. Es un horizonte a veinte años que busca dar certidumbre a las empresas y, sobre todo, garantizar que el aire que respiramos sea un poco más limpio.

Ahora toca vigilar que no se quede en papel mojado y que los mecanismos de control y sanción funcionen, porque el medio ambiente no espera y nosotros, los ciudadanos, merecemos un futuro con menos humo y más sentido común.