La Paradoja de la Estiba en España: Peligro Máximo, Sanción Mínima 

El aseguramiento incorrecto de la carga en el transporte de mercancías es un problema de seguridad con ramificaciones que van mucho más allá de una simple infracción administrativa. Cuando una carga no es adecuadamente estibada o el vehículo no es el idóneo, se desencadena una cadena de riesgos que pone en jaque la integridad física de las personas, la mercancía y la operativa logística. Las consecuencias más inmediatas y graves son, sin duda, los accidentes que provocan lesiones graves o incluso la muerte. Estos incidentes pueden afectar al conductor, a otros usuarios de la vía o al personal durante las labores de carga y descarga, transformando un error de logística en una tragedia humana.

Los escenarios de riesgo son variados y todos igualmente preocupantes. Desde objetos que se desprenden durante el viaje y caen sobre un trabajador al levantar la lona, hasta mercancías que se desplazan dentro de la caja, haciendo que el personal resbale o sufra accidentes durante la descarga manual. Además de los daños personales, las mercancías sufren deterioros, se producen daños a infraestructuras y se acelera el desgaste de los vehículos y de la propia carretera, incrementando los costes operativos de manera significativa. Cada uno de estos incidentes no es solo un golpe económico, sino también un severo impacto para la reputación corporativa de la empresa transportista, que puede ver erosionada la confianza de sus clientes y la pérdida de contratos futuros.

Resulta paradójico que, a pesar de la gravedad de estas consecuencias, el marco sancionador en España no actúe como un desincentivo real. Como se indica en los datos, la sanción por una incorrecta sujeción de carga general es de apenas 200 euros, una cantidad que muchos operadores consideran un mero «coste operativo» asumible. Incluso en casos extremos donde la carga cae a la calzada, la multa solo asciende a 500 euros.

Esta desconexión entre el riesgo y la penalización económica es una constante preocupación para los transportistas serios, que ven cómo la ley carece de la contundencia necesaria. La única herramienta efectiva de la que disponen los agentes es la inmovilización del vehículo cuando identifican deficiencias graves, una medida reactiva que no soluciona el problema de raíz.

Ante esta situación, la voz de los expertos es crucial para abogar por un cambio. José Luis Rodríguez, director de la Fundación para la Seguridad Vial en el Transporte de Mercancías, subraya: «La baja cuantía de las sanciones por mala estiba no refleja el enorme riesgo que supone para la seguridad vial. Es esencial un endurecimiento de las multas, pero acompañado de más formación y concienciación. La seguridad en la carga debe dejar de verse como un trámite y entenderse como la primera y más importante medida para prevenir accidentes mortales». Esta opinión experta refuerza la idea de que se necesita una combinación de disuasión económica, educación y una cultura de prevención más sólida dentro del sector.

En conclusión, el problema de las cargas mal aseguradas es un recordatorio de que la seguridad en el transporte es una cadena donde cada eslabón es vital. Las consecuencias humanas, económicas y reputacionales son demasiado graves para ser subestimadas por un marco regulatorio laxo. Para proteger a los trabajadores, a los bienes y al público en general, es imperativo que las administraciones, en colaboración con el sector, avancen hacia un modelo que combine una legislación más estricta y disuasoria con una apuesta firme por la formación y la profesionalización. Solo así se podrá transformar una preocupación constante en una garantía de seguridad para todos.