Activa  gobierno español  escudo fiscal de 5.046 millones para abaratar los carburantes y la luz

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este último viernes a un Real Decreto-ley de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán, un paquete de medidas que moviliza más de 5.046 millones de euros con el objetivo de contener el impacto de la crisis energética en el bolsillo de los ciudadanos y en los sectores productivos.

Tal y como ha informado el Ministerio de Hacienda, el grueso de la intervención se centra en una rebaja fiscal sin precedentes en los carburantes, la electricidad y el gas, con vigencia hasta el próximo 30 de junio de 2026.

El Ejecutivo ha optado por un esquema ya testado en anteriores crisis energéticas, pero con un refuerzo específico para los profesionales del transporte y el sector agrario, que percibirán una ayuda directa de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional consumido.

En el centro de la medida se encuentra la reducción del IVA de los combustibles, que pasa del 21 % al 10 %, una rebaja que supondrá un ahorro estimado de 507 millones de euros para los consumidores.

A esta se suma una reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos hasta el nivel mínimo permitido por la directiva europea, lo que amplía el margen de abaratamiento tanto para la gasolina como para el gasóleo, el fuelóleo e incluso el queroseno.

El resultado sobre el precio final es significativo: según los cálculos oficiales, la gasolina sin plomo 95, que el jueves se situaba en torno a 1,8 euros el litro, bajará a 1,51 euros tras la aplicación de las medidas, lo que supone un ahorro de 16 euros para un depósito medio de 55 litros.

En el caso del diésel, el precio pasará de 1,9 a 1,67 euros por litro, un respiro que los conductores notarán de forma inmediata en los surtidores.

Sin embargo, el verdadero alivio para la economía productiva está en la ayuda específica para los profesionales. Consciente de que el transporte de mercancías y el sector agrario son los más vulnerables a las fluctuaciones del precio del crudo, el Gobierno ha incluido en el decreto una bonificación de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional adquirido.

Esta ayuda, que será abonada por la Agencia Tributaria y las haciendas forales, beneficiará tanto a las empresas de transporte como a los autónomos con licencia, los titulares de autobuses urbanos y los productores agrarios.

Para los camioneros, que comparan el combustible por miles de litros al mes, esta medida supone un colchón esencial ante la escalada de precios derivada de la tensión geopolítica en Oriente Próximo y el bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

El paquete no se limita a los carburantes. En el ámbito de la electricidad, el Gobierno ha rebajado el IVA al 10 % para los hogares con potencia contratada inferior a 10 kW, lo que cubre a la práctica totalidad de las familias españolas.

A ello se suma una reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que cae del 5,1 % al 0,5 %, y la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), una medida que alivia los costes del sistema y evita que el repunte de los precios mayoristas se traslade con toda su intensidad al recibo de la luz.

La misma rebaja del IVA al 10 % se extiende al gas natural, las briquetas y los ‘pellets’, facilitando así que los hogares afronten con mayor margen los posibles vaivenes energéticos derivados del conflicto armado en Oriente Medio.

Más allá del escudo social inmediato, el Real Decreto-ley incorpora un conjunto de medidas orientadas a la transición energética y la eficiencia, con deducciones en el IRPF para la adquisición de vehículos eléctricos, bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para instalaciones solares y libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades para inversiones en puntos de recarga y autoconsumo.

El Gobierno presenta este paquete como una respuesta integral a la demanda social de contener la inflación, consciente de que la tensión geopolítica en Oriente Próximo no muestra signos de remitir.

Con la mayoría de las medidas vigentes hasta el 30 de junio, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de prorrogar o reforzar las ayudas si la crisis se prolonga, mientras los camioneros, autónomos y familias respiran al compás de un escudo fiscal que, esta vez, ha llegado con cifras concretas y efectos inmediatos sobre el precio final de la energía.