La mirada implacable de la tecnología en las carreteras

La tecnología se apropia de las vías, y para dar más seguridad a la circulación del transporte, se pone todo el intelecto creador en su empleo.

El último y más sofisticado ejemplo de esta tendencia es la implantación por parte de la DGT de cámaras con inteligencia artificial capaces de leer matrículas y detectar infracciones en décimas de segundo.

Este salto cualitativo transforma la vigilancia del tráfico: ya no se trata solo de medir la velocidad, sino de analizar y juzgar el comportamiento de cada vehículo con una precisión y constancia que ningún ojo humano podría mantener.

Es la carretera convertida en un escenario de control automatizado, donde la máquina observa, procesa y sanciona sin descanso.

Aunque quizás no siempre se sea totalmente justo, el objetivo declarado es reducir la siniestralidad.

Las primeras cuatro cámaras, activas ya en Madrid en puntos críticos de la A-6, A-1, A-2 y A-42, se centran en infracciones de alto riesgo como la invasión de líneas continuas.

 La tecnología, denominada ANPR (reconocimiento automático de matrículas), es implacable: dos cámaras sincronizadas certifican si un vehículo ha realizado una maniobra prohibida, generando una multa automática de 200 euros que llega al domicilio sin que haya mediado un agente.

El sistema, probado desde 2023, ha demostrado una efectividad superior al 95 por ciento, lo que ha convencido a Tráfico para expandir su uso durante 2026.

Sin embargo, esta eficiencia tecnológica choca con la complejidad del factor humano. El texto sobre el que reflexiono apunta a que se producen reacciones humanas que las cámaras no comprenderán, y esta es la principal grieta del sistema.

¿Qué ocurre cuando un conductor invade una línea continua para esquivar un obstáculo imprevisto o un bache? ¿O cuando un motorista lo hace para evitar una colisión inminente?

El algoritmo, entrenado para reconocer patrones geométricos, no distingue entre una infracción deliberada y una maniobra evasiva forzada por las circunstancias.

«La máquina carece del contexto que cualquier agente podría interpretar sobre el terreno, lo que abre la puerta a los falsos positivos y a sanciones percibidas como profundamente injustas».

Esta falta de matiz se ve agravada por la opacidad del proceso. A diferencia de un radar convencional, donde la foto de la velocidad es la prueba, aquí el conductor se enfrenta a un algoritmo cuyos criterios son confidenciales.

Recurrir una multa se convierte en una batalla desigual: el ciudadano debe demostrar un error técnico de un sistema al que no tiene acceso, mientras sus movimientos quedan archivados en una base de datos. Se genera así una nueva zona gris legal sobre el almacenamiento de imágenes y la posible reutilización de esos datos, planteando un debate inevitable entre seguridad vial y privacidad.

En conclusión, la tecnología se adueña de las vías con la promesa de una seguridad sin fisuras, pero su implantación fragmenta la justicia en dos velocidades. Por un lado, están las infracciones «automatizables», como invadir una línea continua, que sufren una tolerancia cero e implacable. Por otro, quedan las que requieren de un criterio humano, como circular por el carril izquierdo indebidamente, cuya sanción de 200 euros sigue dependiendo de la presencia física de una patrulla.

El desafío para el futuro inmediato no es técnico, sino ético: cómo integrar esta poderosa inteligencia artificial sin perder de vista esa complejidad humana que, por ahora, ninguna cámara es capaz de comprender.