El camino hacia la descarbonización del transporte en España, dominado en más de un 80% por la carretera, podría acelerarse de forma inmediata si el Gobierno rectificara una omisión en su Plan Auto 2030.
Mientras el Ejecutivo apuesta fuerte por el vehículo eléctrico, un amplio frente de productores y transportistas reclama que se incluya de forma expresa y ambiciosa a los combustibles renovables, una tecnología ya disponible que ya reduce emisiones hoy y que el plan actual relega a un papel marginal.
Asociaciones clave del sector, como APPA Biocarburantes (sección de Biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables) y Bio-E (Biocombustibles España), encabezan la reclamación.
Su argumento es claro: ignorar estos combustibles, que ya suponen el 11.5% del carburante por carretera, desaprovecha una herramienta crucial para cumplir los objetivos climáticos. Les afecta directamente, al excluir del marco de ayudas e incentivos a una industria nacional con gran potencial, y les beneficiaría al conseguir un reconocimiento político que atraería inversiones y consolidaría su mercado.
La urgencia tiene fundamento técnico y económico. Según datos del MITECO, los combustibles renovables lograron una reducción inmediata del 83% de emisiones en 2024.
Para productores y distribuidores, su inclusión masiva en la estrategia nacional significaría proteger y potenciar miles de empleos en refinerías adaptadas (biorrefino) y en el sector agrícola que suministra materias primas sostenibles, donde España es una potencia europea. Es una cuestión de competitividad industrial.
El reclamo no es aislado, sino que se alinea con la tendencia europea. La propia Comisión Europea está revisando la normativa de emisiones para coches, y países como Brasil, con la iniciativa «Belém x4», lideran un movimiento global para cuadruplicar la producción de estos combustibles.
Para España, no aprovechar su ventaja competitiva en este campo supondría perder un tren tecnológico y estratégico, aumentando su dependencia energética exterior.
En conclusión, el sector propone una rectificación simple: adoptar una «neutralidad tecnológica» real en el Plan Auto 2030.
Esto implicaría incentivar todas las soluciones bajas en carbono, incluidos los combustibles renovables para el parque móvil existente.
El beneficio sería triple: acelerar la descarbonización real desde hoy, fortalecer la industria nacional y ofrecer más opciones asequibles al consumidor en una transición que, advierten, no puede depender de una sola tecnología.
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