España en la encrucijada eléctrica: ayudas a la baja, multas al alza y un futuro verde en suspenso

La transición hacia una movilidad sostenible en España atraviesa un momento crítico, marcado por una palpable contradicción en las políticas públicas.

Por un lado, la legislación europea y nacional empuja con fuerza hacia un parque de vehículos de cero emisiones, estableciendo objetivos vinculantes y fechas límite. Por otro, el Gobierno ha anunciado una reducción presupuestaria en las ayudas directas a la compra de coches eléctricos, un golpe a un incentivo clave para los ciudadanos. Esta decisión, aparentemente contradictoria, tensa la cuerda de una transición que necesita tanto de impulso público como de adhesión ciudadana.

El corazón del problema late en el bolsillo del consumidor. Programas como el MOVES III, que subvencionaban hasta 7.000 euros por la compra de un eléctrico, han sido un acicate fundamental. Su recorte o desaparición supone, en la práctica, aumentar la ya significativa brecha de precio entre un vehículo de combustión y uno eléctrico.

Para muchas familias y autónomos, esta ayuda era el elemento que equilibraba la balanza, haciendo viable la opción verde. Sin ella, el riesgo de un frenazo en las ventas es real y amenaza con enfriar un mercado que aún necesita estímulos para despegar definitivamente.

Mientras el comprador final se lo piensa, los fabricantes de automóviles observan con creciente preocupación el horizonte.

La Unión Europea impone objetivos de reducción de emisiones medias de sus flotas, con multas millonarias por cada gramo de CO2 excedido. La herramienta más eficaz para cumplir estas metas es, precisamente, vender más vehículos cero emisiones. Si el mercado español se contrae por la falta de ayudas, los constructores se verán en la disyuntiva de asumir cuantiosas sanciones o redirigir sus escasos y valiosos vehículos eléctricos a otros países con mayores incentivos, dejando a España aún más rezagada en la carrera eléctrica.

¿A qué responde entonces la decisión gubernamental? Desde el Ejecutivo se alegan razones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de priorizar el gasto en otras infraestructuras críticas, como la red de puntos de recarga, cuya insuficiencia es otra gran barrera.

La filosofía parece virar hacia subsidiar la infraestructura colectiva más que el vehículo individual. Sin embargo, este cambio de estrategia, quizás sensato a largo plazo, choca frontalmente con la urgencia de los plazos legales y la realidad de un consumidor aún reacio. Se percibe una falta de coordinación entre el «qué» (los objetivos) y el «cómo» (los instrumentos para lograrlos).

La encrucijada es profunda. España necesita un diálogo urgente y realista entre administración, sector y ciudadanía para alinear objetivos, recursos y calendarios.

Una transición exitosa no puede depender de ayudas perpetuas, pero tampoco puede lograrse retirándolas prematuramente. Se requiere un plan creíble y estable que combine, de forma gradual, incentivos a la demanda, despliegue masivo de recarga, apoyo a la industria local y fórmulas de movilidad compartida.

El riesgo de no hacerlo es pagar un doble precio: el de las multas por incumplimiento y, más grave aún, el de perder la oportunidad de modernizar el transporte y mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. El futuro eléctrico está en juego, y no se puede dejar a media carga.