La digitalización obligatoria: un faro en la niebla regulatoria del transporte por carretera

A partir del 5 de octubre de 2026, el documento de control de transporte en formato físico pasará a la historia en España. Esta medida, impulsada por la Ley de Movilidad Sostenible, marca un punto de inflexión hacia una mayor eficiencia y trazabilidad. Sin embargo, para muchas empresas, este haz de modernidad ilumina un panorama más amplio y desafiante: el de un sector que avanza a varias velocidades, donde la innovación choca con una realidad de costes asfixiantes y un laberinto normativo que penaliza la planificación a largo plazo.

Como bien ha documentado la revista digital Diario de Transporte, el transporte por carretera afronta un año de tensiones extremas. La volatilidad en el precio de los combustibles, que supone un tercio de los costes operativos, y el alza generalizada en seguros, peajes y financiación erosionan drásticamente los márgenes. A esto se suma una auténtica “catarata regulatoria”, procedente de instancias municipales, autonómicas, nacionales y europeas, que genera una inseguridad jurídica paralizante. El principio europeo de ‘legislar menos y mejor’ brilla por su ausencia, sumiendo a las compañías, especialmente a las pymes, en un estado de perpetua adaptación.

La tormenta perfecta se completa con dos factores estructurales. Por un lado, la escasez crónica de conductores profesionales, con una edad media que roza los 54 años y un preocupante desequilibrio de género, amenaza la propia capacidad operativa del sector. Las ayudas públicas, como las del ‘Plan Reconduce’, han sido calificadas por los expertos como meramente testimoniales. Por otro, la transición energética, aunque matizada por recientes revisiones pragmáticas en Bruselas, sigue suponiendo una espada de Damocles con futuros costes como los peajes por emisiones o el ETS II, que podría suponer un sobrecoste de hasta 1,2 millones de euros anuales para una flota de 100 vehículos.

Frente a este escenario, la voz de la industria pisa el freno de la prudencia. Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC, subraya: «Para garantizar la viabilidad de este sector estratégico, necesitamos seguridad jurídica y estabilidad regulatoria en un marco de colaboración, realismo y sentido común». Esta reclamación, compartida por gran parte del tejido empresarial, apunta a que la digitalización, por sí sola, no será suficiente. Se requiere un marco estable que permita a las empresas respirar y realizar las necesarias inversiones en renovación de flota y captación de talento.

El 2026 se presenta, por tanto, como un año bisagra. Mientras la tecnología impulsa cambios irreversibles, la capacidad del sector para sortear la crisis dependerá de que las administraciones conjuguen la ambición climática y digital con el realismo económico. El éxito no se medirá solo por la implementación del documento electrónico, sino por la creación de un ecosistema donde la regulación sea un instrumento de progreso y no un lastre. La carretera hacia la sostenibilidad integral —económica, social y ambiental— exige, ante todo, un mapa claro y consensuado.